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03/12/2018
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Coparticipación y presupuesto nacional 2019: El modelo Cambiemos exacerba el país unitario

La ley de leyes impulsada por el oficialismo, recientemente sancionada en el Congreso nacional, ha dejado claramente expuesta la visión centralista del país que impulsa la administración Cambiemos. Los recortes a las provincias, en consonancia con el ajuste propuesto por el Fondo Monetario suponen podas millonarias para el interior profundo, afectando los derechos básicos de millones de personas. Mientras, se profundiza la destrucción de la economía real. ¿Cómo puede pregonar la seguridad jurídica un gobierno que desconoce a la Corte Suprema de Justicia?

Si algo define a la ley de presupuesto nacional 2019 es un fuerte ajuste a las provincias argentinas de aproximadamente doscientos mil millones de pesos, cien mil millones de manera directa, y el resto por vía de reducción en obra pública y de las transferencias no-automáticas a los estados provinciales.

La eliminación del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero), los subsidios al transporte público y a las tarifas sociales eléctricas por parte del gobierno nacional, representan una parte importante del ajuste planteado por el gobierno macrista.

Esta es una administración nacional que ha hecho de la devaluación de la palabra y la mentira permanente una de las características centrales de su praxis. Prometieron desde el minuto cero de la campaña electoral volver a respetar al país federal, pero nos encontramos una vez más con un presupuesto que trata de sacar los recursos del interior para concentrarlos a nivel nacional: una vuelta de tuerca a las políticas neoliberales de la última dictadura, del menemismo que ya fracasaron.

Lo más grave de todo esto es que Cambiemos le exige a la sociedad un esfuerzo descomunal a cambio de nada, porque estas políticas no tienen ni tendrán ningún beneficio para el conjunto de la comunidad. La columna vertebral del país se desintegra al compás de un presupuesto que no busca el crecimiento de la economía, si no que la administración macrista llegue al fin de su mandato.

Sólo unos pocos sectores acomodados se están favoreciendo, mientras las economías regionales, las pymes, la industria y el comercio caen en picada, una escalada que sólo aumenta la desocupación, la pobreza y la violencia social. El gobierno nacional beneficia a pocos sectores económicos ligados a hombres del gabinete nacional mientras las mayorías apoyan la ñata contra el vidrio, como dice el tango.

La dimensión del ajuste

La quita de subsidios al transporte y a la tarifa social eléctrica, más la derogación del Fondo Soja significan para la provincia 8.500 millones menos de aportes nacionales. Pero si se analiza detalladamente el presupuesto nacional 2019, Santa Fe sufrirá pérdidas muy superiores a esa cifra, por los recortes en servicios básicos.

Con el presupuesto nacional 2019 se dejan sin efecto programas sanitarios, se diluye el Fondo de Incentivo Docente, desaparecen programas sociales. También caerá la inversión en la obra pública (-0,5 puntos del PBI de caída, unos $92.077 millones), habrá reducción de 0,3 puntos del PBI por transferencias corrientes a provincias que equivalen a $55.246 millones, y sobre el gasto social (-0,14%) con importantes reducciones del gasto social en términos reales en partidas, como por ejemplo Asignaciones Familiares (caen un 3,7% real en el 2019), Vivienda y Urbanismo (-13,8%), Trabajo (-9,2%), Educación y Cultura (-6,3%) y Agua Potable y Alcantarillado (-5,8%), entre otras.

A esto hay que sumar el ajuste a las jubilaciones mediante la nueva fórmula y la caída de los salarios reales de los trabajadores, que afectan de gran manera a las economías regionales, ya que el consumo representa no menos del 70% del PBI nacional. Es un golpe durísimo al interior”.

Inseguridad jurídica

Más allá de lo expuesto en materia presupuestaria, no puede soslayarse en la profundización del modelo de país unitario el incumplimiento de casi tres años por parte del gobierno central del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativo a las detracciones indebidas a la provincia de Santa Fe por parte de Nación durante años, en materia de coparticipación federal y tributaria.

Vale recordar que en noviembre de 2015, la Corte Suprema nacional falló a favor de Santa Fe (también de San Luis y Córdoba) en el pleito contra la Casa Rosada por la detracción de recursos coparticipables para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Esa deuda ronda hoy unos 75.000 millones de pesos entre capital e intereses, según estiman desde el gobierno provincial.

Los voceros de Cambiemos hablaron siempre de respeto a las instituciones, de República, de seguridad jurídica. Sin embargo, el Presidente Mauricio Macri no ha tenido la más mínima voluntad de cumplir un fallo del más alto tribunal judicial del país, perjudicando severamente a Santa Fe y a otras provincias. Ante este cuadro de gravedad institucional que vulnera los derechos de millones de argentinos y comprovincianos, hay que destacar el compromiso del gobierno del Frente Progresista con un reclamo legítimo, y la persistente inversión santafesina para seguir garantizando derechos, desde 2008 a la fecha. No perdamos de vista como ciudadanos esas claras diferencias.