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09/02/2018
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Se aprobó un Proyecto de Comunicación donde se solicita a la Nación que informe sobre el destino previsto para las fuentes laborales

En la tarde  ayer, la Cámara baja aprobó un Proyecto de Comunicación de la diputada socialista Marita Ayala, donde, ante el inminente cierre de las estaciones de peaje de la Ruta Nacional 11, solicita que el Ejecutivo Nacional, informe sobre el destino previsto para las fuentes de trabajo ocupada actualmente, su conservación o reconversión y sobre el plan de obras, mantenimiento, asistencia al usuario, servicios básicos y atención de emergencias en caso de accidentes para este corredor vial.

La legisladora manifestó que “esta decisión del gobierno nacional de cerrar los peajes sobre la Ruta 11 es un tema que como legisladores nos debe preocupar porque son más puestos de trabajo que se pierden en nuestra provincia. El impacto social que esto genera, y que la seguridad vial y la vida de los santafesinos siga postergada y discriminada es grave. Que 120 familias queden sin empleo en un contexto  económico desfavorable, con innumerable cantidad de empresas en crisis, cierre y expulsión de mano de obra, es grave, porque además no se avizora una solución y pronta recuperación de las fuentes de trabajo para estas familias”

Y continuó: “Desde que se conoció la decisión del gobierno nacional de cerrar las estaciones de peaje de Nelson, Videla, Reconquista y Florencia, fueron muchos los discursos que trataron de poner al usuario en contra de los trabajadores. Sin embargo son los mismos trabajadores quienes reconocen que la empresa concesionaria no cumplió con las obras que tenía que hacer. Pero… ¿es culpa de los trabajadores o es culpa de la empresa y de quien debía controlarla? Estoy preocupada por lo que pasará con estas familias, lo que pasará en esas comunidades pequeñas como Nelson, Videla y Florencia, a partir de la pérdida de esta fuente de empleo que afecta no solo a las familias vinculadas directamente, sino a los comercios y toda la cadena de pagos, el efecto es devastador y no logro entender como algunos de nuestros pares incluso defienden esta decisión. Cómo han perdido la sensibilidad para no acompañar o pensar un momento en estas familias que quedan a la deriva”

También destacó: “La autovía Santa Fe-San Justo, es un proyecto que comenzó a elaborarse en 2014 y del cual participamos quienes fuimos presidentes comunales e intendentes de las localidades implicadas. Hoy sigue siendo una obra que no está en el presupuesto de la Nación y se propone como alternativa la realización de lo que se conoce como “ruta segura”, y esto, creo que es bastante irresponsable porque significa desconocer la disposición de la Ruta 11, cómo está enclavada, que no va a haber espacio para hacer banquinas, no va a haber espacio para un tercer carril. No es lo mismo la autovía que la ruta segura, menos en el tramos Santa Fe- San justo, porque es una ruta donde hay un alto nivel de siniestros. Para poner un ejemplo, en jurisdicción de la ciudad de Recreo solo en 2017 hubo 96 accidentes y cobrándose ocho víctimas fatales”.

Y agregó: “Y así venimos de años de promesas incumplidas para esta parte de la Ruta 11. Este gobierno nacional hace un tiempo había anunciado la conversión en autovía y nos mintieron. Ahora anuncian una construcción de ruta segura que ni siquiera está en el presupuesto y que no es viable. Entonces, me pregunto: ¿por qué siguen relegando estas obras? ¿Las vidas que se pierden en esta parte de nuestra provincia valen menos? ¿Por qué la nación no jerarquiza de una vez por todas esta ruta que nos conecta con el Mercosur, que es una arteria clave en el tantas veces anunciado Plan para el norte del país?”

Finalmente la diputada concluyó: “Lo que buscamos con este proyecto es que el Ejecutivo Nacional nos diga concretamente y con urgencia qué destino tiene previsto para las fuentes de trabajo que se perderían, qué solución piensa brindarles a estas familias para  conservar su estabilidad laboral, porque de lo contrario la decisión de dejarlos en la calle es éticamente reprochable y una conducta impropia de un Estado que debe estar cerca de la gente. Y también pretendemos que Vialidad Nacional informe sobre el plan de obras y mantenimiento para este tramo de la ruta, tiempos de ejecución y cómo se brindará la asistencia al usuario, servicios básicos y atención de emergencias en caso de accidentes. Todo esto implicará un impacto muy grande para las localidades que vivimos a la vera de esta ruta, por eso creo que la desprotección asistencial de este corredor vial,  más las 120 familias que van a quedar sin trabajo merecen por lo menos que empecemos a mirar y a ocuparnos del tema”.