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01/08/2016
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Un blanqueo inmoral y una reforma que pone en jaque al sistema previsional

Semanas atrás, el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto del Ejecutivo Nacional que, bajo el paraguas de una reforma jubilatoria, habilitó un nuevo blanqueo impositivo y cambios en el reparto de la coparticipación a las provincias.

La idea originaria presentada al Congreso por el gobierno nacional, incluía también varias modificaciones impositivas en sentido regresivo –castigando a los contribuyentes de menores ingresos, por ejemplo en lo relativo al impuesto a las ganancias- y también una desmedida penalidad por la exteriorización o publicidad de los beneficiarios del blanqueo impositivo, que actuaba como una suerte de mordaza a la actividad periodística. Estas dos propuestas, finalmente fueron desechadas ante la lluvia de críticas de vastos sectores políticos y sociales.

La mecánica legislativa impuesta por Cambiemos, discutir una ley “ómnibus” que mezcló temas de distinta índole y complejidad, no es la adecuada frente al tenor y la trascendencia de cada una de las reformas propuestas. En la práctica el macrismo buscó que distintos legisladores deban decidir su voto presionados por la situación fiscal de sus provincias, en el caso de las jurisdicciones aquejadas por problemas de gobernabilidad.

No fue el caso de los representantes santafesinos del Partido Socialista, cuya opinión puede sintetizarse en la postura asumida por la Diputada Nacional Alicia Ciciliani. Nosotros coincidimos plenamente con esa postura: ninguna reforma previsional, cuya trascendencia en el tiempo tiene efectos que deben medirse por décadas, siguiendo el concepto de seguridad intergeneracional que dio origen a los sistemas jubilatorios estatales, debe estar atada a un hecho inmoral como un blanqueo impositivo para evasores. Vincular el pago de deudas atrasadas a jubilados nacionales a un esquema impositivo que premia a quienes han violado las normas, es una ofensa a quienes día a día, como trabajadores y empresarios, cumplen sus obligaciones fiscales.

Lo curioso del caso es que esta ley ómnibus ha sido tratada en el medio del escándalo desatado por una investigación internacional de periodistas que revela el vínculo de actuales funcionarios del Ejecutivo nacional, como el mismo Presidente Mauricio Macri, con la trama de los paraísos fiscales, cuya matriz está ligada indisolublemente a la evasión impositiva, según los expertos en la materia.

No es un detalle menor la postura de nuestros legisladores en el Congreso Nacional. Santa Fe defiende sus intereses sin resignar su autonomía, sin resignar principios. Desde el nacimiento del Frente Progresista ha sido así, una muestra clara en ese sentido fue la demanda contra el gobierno nacional por el descuento ilegal de la precoparticipación, que ha sido reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia Nacional a fines de 2015.

Pero más allá de las críticas al blanqueo, no hay que olvidar la cuestión central: la discusión por la viabilidad en el tiempo de un sistema previsional estatal. En este sentido, si desconocer los justos reclamos de un sector de los pasivos, nos preocupa seriamente el resultado de las reformas impulsadas por el oficialismo nacional, porque según han revelado economistas y especialistas de distintas tendencias económicas y políticas –desde los sectores más liberales hasta los representantes de sectores progresistas- las nuevas medidas pondrían en jaque los recursos de ANSES en pocos años. Esto, en términos prácticos, significaría que el organismo previsional debería ser auxiliado con fondos de la tesorería nacional, hecho preocupante en un contexto de aumento progresivo del déficit fiscal en estos últimos meses, financiado con endeudamiento externo.

No podemos permanecer indiferentes frente a un escenario que pone entre signos de interrogación el acceso de millones de pasivos a sus derechos elementales. Por más que se trate de una reforma nacional, ésta tiene un fuerte impacto en nuestro territorio provincial, porque miles de mujeres y adultos mayores habitan tierras santafesinas.

Las reformas estructurales a los sistemas de previsión de la Nación, además, también impactan en los sistemas jubilatorios provinciales, como ha sido demostrado a lo largo de la historia. Basta recordar lo sucedido con las políticas neoliberales de los ’90 que tanto castigaron a la mayoría de los argentinos: no es una casualidad que algunas voces interesadas hayan vuelto a colar en la discusión un término que los santafesinos ya hemos rechazado, como la cuestionada “armonización previsional” que atentaría contra uno de los logros mayores de nuestro sistema provincial: el 82% móvil instaurado por el Frente Progresista Cívico y Social.

En este contexto, es de destacar que en Santa Fe, desde el 1 de julio la jubilación mínima asciende a 7.313 pesos, mientras que la mínima nacional se ubica en los 4.959 pesos. Y comparando con otras provincias, en Córdoba, es de 5.000 pesos, en Formosa de 5.900 y en Entre Ríos, de 3.539.

En toda esta maraña conceptual conviene remitirnos a la historia, a la esencia misma del sistema previsional. Uno de sus grandes impulsores fue el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios. Palacios presentó como legislador varios proyectos de ley que tenían que ver con las jubilaciones y pensiones para obreros y empleados de empresas particulares, las de los empleados bancarios y las de obreras que trabajaban a domicilio para el Estado. Luego, fueron los sindicatos quienes se organizaron para generar las Cajas de jubilaciones, y más tarde, llegarían las reformas sociales y la consolidación del sistema de reparto.

La construcción de un sistema jubilatorio en jaque puede abrir la puerta nuevamente a la lógica neoliberal profundizada en la década del 90, que indica que el futuro depende de cada uno, exaltando la individualidad como parámetro de éxito. Nuestro deber como militantes progresistas es retomar con fuerza las ideas originarias de Palacios, vinculadas a los derechos de los trabajadores y a la solidaridad: los derechos jubilatorios no pueden basarse en el “sálvese quien pueda”, sino en una concepción filosófica humanista, que pretenda “salvarnos todos juntos”.

En estos días tenemos la obligación de “volver a las fuentes” en cada una de nuestras intervenciones y reflexiones, defendiendo a la democracia como un espacio donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sean parámetros innegociables. Contra aquellos cantos de sirena que intentan encandilar a la sociedad con una prédica engañosa, y aprovechan causas nobles para asegurar un blanqueo impositivo que beneficia a unos pocos, poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional.